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La reunión, enfocada en cautelar que las políticas públicas sirvan al territorio y se adecúen a su realidad, se desarrolló en el Salón del Camping Municipal con amplia representatividad. Mediante la presentación de un análisis conjunto de la comunidad, se evidenció que la demanda actual sobre el acuífero de la comuna, excede en un 600% el caudal sustentable fijado en el 2008 por la DGA, para el Río Rapel, y en un 200% para el Río Grande (que incluye el Mostazal), excedencia que justifica declarar zona de prohibición en Sistema Hidrogeológico de Aprovechamiento Común. Del mismo modo se planteó la urgencia de mejorar los mecanismos de fiscalización porque, el desbalanceado panorama legal, se agrava con las ilegalidades que se han normalizado, lo que amenaza la vida y la soberanía alimentaria en el territorio.

Cristóbal Juliá, director regional de la Dirección General de Aguas (DGA) coincidió en la pertinencia de la medida y se acordó que, se ingresará un expediente de solicitud para activar el proceso. Ante el abuso que supone que las aguas superficiales se sometan a turno y regulaciones, mientras las subterráneas se extraen sin control, el director explicó que la zona de prohibición genera comunidades de agua subterráneas que se someten a la jurisdicción de las Juntas correspondientes, lo que permitiría ejercer regulación, una vez que la zona se decrete. 

“como DGA se nos invita a esta mesa rural campesina por el alcalde y en el que se plantea una serie de inquietudes primero en relación con el acuífero de declararlo en estado de prohibición y restricción lo que así evita la nueva constitución de derecho y le pone un límite de hecho a la extracción autorizada que existe a la fecha, por lo tanto, lo que busca digamos este tipo de medida es precisamente comenzar a cuidar el recurso hídrico, que está en el subsuelo. Y, por otro lado, respecto a una serie de irregularidades que existe en la comuna por extracción ilegal de agua de pozos someros donde nos muestran evidencia bastante gráfica y como están actuando algunos productores sacando el agua de manera ilegal y esto nos permite a nosotros también levantar las fiscalizaciones de oficio pertinente”, indicó el director regional de la DGA.

En la reunión se presentó un video con diversos puntos de extracción irregular que evidencian problemas serios de fiscalización, que pasan entre otras cosas, por falta de personal y falta de formalización de las denuncias. Ante esto, se acordó generar un mecanismo tripartito de monitoreo de las denuncias, en donde haya presencia de las Juntas de Vigilancia, del Consejo Comunal, la DGA y del municipio, de manera tal que periódicamente se revisen las denuncias, se planifiquen fiscalizaciones en terreno, se hagan sobrevuelos con dron, con el objeto de terminar con las malas prácticas que están secando el territorio. 

En el mismo sentido, el alcalde informó que se está estudiando la viabilidad de generar un convenio con la DGA para tener fiscalización especial en la comuna, y solicitó apoyo en el financiamiento al gobierno regional, lo que fue acogido por el representante del gobierno regional en la provincia, José Hernández, también presente, quien comprometió analizar mecanismos de corto y mediano plazo para fortalecer la fiscalización. 

“Esta reunión nos ha permitido llegar a acuerdos como poder generar restricciones en los acuíferos y además avanzar en convenio con la DGA para poder ir preservando y cuidando nuestro recurso hídrico. Creo que es una instancia importantísima que se dio en Monte Patria y que podemos estar todos sentados en una misma mesa y logrando acuerdos”, sostuvo el edil montepatrino.

Por su parte, Consuelo Infante, representante del Consejo Comunal Campesino expresó que, “estamos muy conformes fundamentalmente porque concurrieron a esta reunión actores incumbentes en el tema agua con disposición a trabajar en una mirada de largo plazo y de forma sustentable que termine con los abusos, con las ilegalidades y que posibilite el desarrollo en una mirada territorial de pequeña escala de consonancia con el territorio que habitamos”. 

La reunión estuvo marcada por el respeto, la noción de urgencia y la voluntad de todos los sectores de disponer de lo que se requiera para potenciar el trabajo conjunto: camionetas, máquinas para cerrar pozos, conocimiento, tiempo, drones, etc, entendiendo que la protección territorial es una tarea conjunta, indelegable que debe articularse para lograr mejores resultados que los exhibidos hasta ahora. 

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